Cerrando el 2019 en materia de salud

Con el cierre de cada año, instituciones públicas y privadas asumen el compromiso ineludible de diagnosticar el cumplimiento de metas del año que termina. El sector salud no escapa a este compromiso social y se ve enfrentado a la medición de sus indicadores de gestión; pero, sobre todo al ojo crítico de la ciudadanía, como principio y fin de la oferta de servicios de salud en el país.

En este sentido, el año anterior fue un período de grandes avances en materia de salud, pero también de enormes retos pendientes por cumplir. El fenómeno de la corrupción, transversal a todas las capas sociales, ha acaparado gran cantidad de recursos, que deberían traducirse en el mejoramiento al acceso a los servicios para los pacientes.

Desde la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Salud, se han aumentado los esfuerzos para quitarle terreno a la corrupción. Situación que no es nada fácil, si se entiende a esta como un tema cultural, que en materia de salud tiene un efecto devastador: cobrar la vida de las personas.

Sin embargo, el detrimento de los servicios de salud en Colombia y en el mundo, no se produce exclusivamente por la corrupción. El aumento de la burocracia, la reducción de la oferta de servicios, o la negación de los mismos, el aumento en el costo de los medicamentos de enfermedades crónicas, entre otros, contribuyen al menoscabo de este derecho fundamental.

Pese a los esfuerzos realizados por la cartera de salud, en cabeza del ministro Juan Pablo Uribe Restrepo, en relación al año 2018, durante el 2019 se incrementaron las quejas frente a la prestación de servicios de salud en un 16%. La liquidación de algunas E.P.S. y la revocatoria parcial de funcionamiento de otras en varios departamentos del país, podrían ser algunas de las variables que posibilitaron el aumento de las quejas frente a los servicios de salud en Colombia, aunque no son las únicas.

Por ejemplo: de las 700.985 quejas interpuestas por deficiencias en la prestación de servicios de salud, 248.309 generaron riesgo de vida para los pacientes. No obstante, llama la atención el número de quejas interpuestas por dificultades en el acceso a citas médicas especializadas (152.818), entrega de medicamentos y problemas para el acceso a los servicios de imágenes diagnósticas de segundo y tercer nivel, como escenarios persistentes de descontento entre la ciudadanía, con sus entidades prestadoras de salud.

Ahora bien, este panorama no obedece solamente a los procedimientos administrativos o voluntades de las E.P.S o I.P.S. Para el año 2018, el país tenía un promedio de 92.000 médicos, de los cuales sólo 21.600 eran especialistas. Adicionalmente, estos profesionales se encontraban ubicados en ciudades principales, dificultando el acceso a los servicios a pacientes en regiones apartadas. Situación similar que se produce frente a la toma de imágenes diagnósticas especializadas, que por la naturaleza de los materiales, equipos y profesionales que los realizan, sólo es posible ubicarlas en las urbes centrales del país.

Cada unidad de servicios que se cierra, que restringe sus servicios o que realiza traslados a otras sedes, tiene un efecto en su mayoría negativo, frente a la forma en que los usuarios interactúan con el sistema de salud.

De las tres (3) E.P.S liquidadas durante el 2019 (Comfacor, Emdisalud y Cruz Blanca), 1.3 millones de usuarios fueron asignados a otras E.P.S. 

Atendiendo a lo anterior, desde el gobierno central se han aumentado los esfuerzos por mejorar estas problemáticas. Tal es el caso de la Superintendencia de Salud, que mediante algunas acciones judiciales adelantadas, ha logrado iniciar el proceso de reactivación de diez (10) hospitales públicos, que se encontraban en franco deterioro, de los cuales dos (2) ya fueron recuperados en Ibagué y Villavicencio, además de gestionar recursos por más de $97.000 millones, para mejorar la calidad en el sistema.

Adicionalmente, durante el 2019 se impusieron 269 sanciones a diferentes E.P.S e I.P.S, que en total sumaron $60.000 millones. De estas, el 57% fueron interpuestas por incumplimiento de obligaciones de información, el 32% por fallas en la prestación de servicios de salud, y el 11% por el inadecuado flujo de recursos del sistema de salud.

En síntesis, son grandes los esfuerzos que desde las entidades prestadoras de salud, públicas y privadas; gobierno y ciudadanía debemos realizar, para poder reducir estos indicadores a su mínima expresión. Institucionalmente es fundamental la revisión periódica y juiciosa de las barreras de acceso, que impiden a los pacientes acceder a los servicios; mientras que de parte de los pacientes se hace fundamental un reconocimiento claro de nuestros derechos, pero también de nuestros deberes con un sistema de salud que construimos a diario.

La corresponsabilidad es el eje fundamental de un sistema de salud más efectivo.